Los primeros días fueron decisivos para determinar el accionar de las autoridades y la postura de la ciudadanía frente a las reacciones y anuncios. Una población que, de un momento a otro, de ver como se saltaban torniquetes en el metro presenció atentados contra las estaciones y luego se animó a salir a las calles del país para clamar por justicia y dignidad, algo que las autoridades no lo vieron venir, según ellos mismos lo han manifestado. Fue la fuerza policial la única reacción frente a las legítimas demandas que se escuchaban desde Arica a Magallanes. A continuación una mirada de los primeros días posteriores al 18 de octubre de 2019.

 

“Chile está en guerra contra un enemigo poderoso”,  fue lo que dijo, en cadena nacional y horario prime, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a solo tres días de comenzar el levantamiento social. Con eso justificó el estado de excepción y la presencia de 9.500 militares patrullando las calles de la Región Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta, Ñuble, Maule , Bío-bio, Los Ríos y Magallanes, en un discurso donde se habló de violencia y delincuencia, sin considerar las demandas que se hacían sentir con fuerza en todo Chile.

 En ese contexto el mandatario entregó todo el apoyo y respaldo del gobierno al general Javier Iturriaga, apeló a la emotividad, dando por hecho que la mayoría de los chilenos querían alinearse con lo que él entiende por la paz, la libertad, la democracia y “con todo aquello que con tanto esfuerzo hemos construido”, según propias palabra de Piñera.  Es decir, desde ese momento las autoridades entendían y asumían las consecuencias que podría traer la decisión de poner a militares en la calles.

Sólo una semana después, en una evidente estado de máxima tensión entre la ciudadanía y el gobierno, el mandatario opta por un cambio de gabinete; entre otros se aleja Andrés Chadwick desde Interior, una figura relacionada directamente con la dictadura de Pinochet y apuntado como uno de los responsables de la fuerte represión a las protestas, acciones que el propio ex ministro avaló públicamente días antes. Fue reemplazado por Gonzalo Blumel, de perfil “dialogante”.

En la ocasión, Piñera vuelve a mencionar los actos delictivos y la violencia como foco central de su discurso, pero también hace, por primera vez, alusión a las muertes que enlutaban el movimiento ciudadano y comenzaban a manchar con sangre los uniformes de las fuerzas de orden y seguridad. El presidente decía: “estas acciones deben ser frontalmente condenadas por todos los demócratas y debidamente sancionadas por la justicia con todos los instrumentos del estado de derecho y con total respeto a los derechos humanos”.

Reglón seguido, Piñera Echeñique establece, en un tono más confrontacional, que es un derecho y un deber defenderse de los adversarios utilizando todos los instrumentos que otorga la ley: “Quiero reconocer y agradecer la abnegada y difícil labor que han debido cumplir para resguardar el orden público, proteger la seguridad ciudadana, su libertad y sus derechos a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones”.

A esas alturas eran evidentes que las acciones de los uniformados iban más allá de los protocolos establecidos, la violencia en las calles era monopolizada por el Estado a pesar que algunos medios de comunicación quisieron mostrar lo contrario en su momento.  Ante eso, el discurso se comenzó a matizar y la máxima autoridad del país decía que “el gobierno como las FF.AA y de orden tienen un sólido compromiso con los derechos humanos y que si se han cometidos vulneraciones estas están siendo investigadas por la fiscalía y deberán ser resueltas por la justicia”.

En la misma instancia anunció que han entregado todas las facilidades al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para cumplir su labor y que solicitaron a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a Human Rights Watch (HRW) enviar delegaciones para levantar información en terreno sobre la situación en Chile.

Mientras tanto, la presencia de millones de personas en las calles del país emanaba un fervor político y de reivindicaciones sociales que no se veía en años, considerando lo transversal de las demandas, así también, la fuerza con que actuó carabineros y militares resultaba inusual, no experimentada desde tiempos en que el guante de la dictadura de Pinochet hacía caer con extrema violencia el poder de las armas contra los ciudadanos y ciudadanas.

Las redes sociales cobraron especial relevancia. Gracias a los registros que la prensa independiente y la misma gente hizo, se logró romper el cerco informativo impuesto por la televisión abierta a raíz de un pacto entre los ejecutivos de los canales y el gobierno representados por Piñera y Chadwick. Apaleos por parte de carabineros, disparos a quemarropa perpetrados por militares, lesionados a raíz de perdigones, balines y bombas lacrimógenas, atropellos y detenciones violentas e ilegales durante el toque de queda, eran las primeras imágenes que configuraban un escenario teñido de rojo.

Hasta ahí ya se anotaban 18 muertes, seis a manos de agentes del Estado, además de miles de detenciones y cientos de heridos. Lo más comentado por esos días fueron las dos menores baleadas por carabineros mientras su madre cargaba combustible en Pudahuel y el ataque sexual que sufrió por parte de agentes de la misma institución un estudiante de la Universidad Católica, dentro de un furgón policial a metros de La Moneda.  La Cruz Roja de Chile, daba cuenta de las primeras lesiones oculares y balines en cuello y orejas, una realidad que al correr de los días sería una constante y que al cierre de esta edición ya se eleva a 240 víctimas, según último reporte del INDH.

En ese minuto la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, exigió que se ponga freno a una situación de violencia y vulneración a los DD.HH que el Estado no ha podido controlar, pero a esas alturas, el gobierno ya tenía una línea de acción clara respecto al uso de la fuerza, el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel decía que “ Carabineros y Fuerzas Armadas tienen la preocupación de cumplir en forma estricta el mandato que les da la Constitución y la ley». Pero que el propio Piñera había activado los procesos de observación internacional para dar cuenta de las posibles violaciones a los derechos humanos que a esas alturas salían a la luz de manera clara y contundente.