Del débil el protector

Los informes de los organismos relacionados con Derechos Humanos (DD.HH) son lapidarios a la hora de establecer las responsabilidades del Estado y autoridades chilenas frente a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas ciudadanas. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Defensoría de la Niñez y Human Rights Watch (HRW), coinciden en que los delitos cometidos apuntan a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, también de carácter sexual. Todo esto mientras la población exige al gobierno una serie de reivindicaciones de seguridad social y equidad. En tanto, las autoridades apoyan y en algunos casos justifican el actuar de carabineros y FF.AA, llegando a negar algunos informes de las organizaciones vinculadas con los DD.HH.

El primero en dar la voz de alerta fue el INDH, institución que a poco andar las manifestaciones recorrió hospitales, comisarías y diferentes marchas en el país constatando los efectos de la represión policial y militar. En palabras de su director ejecutivo, Sergio Micco, se constatan golpes, abusos sexuales, torturas, muertes y desapariciones por parte de agentes del Estado, cuyos responsables, de acuerdo a las propias palabras de Micco “deben ser perseguidos y castigados por la justicia”. Informes del INDH, destacan que las leyes y protocolos para evitar el trato degradante por parte de quienes ostentan el uso legítimo de la fuerza, han sido transgredidos en estas semanas de levantamiento social.

Por esos días se efectuaba el cambio de gabinete y el Gobierno intentaba desmarcarse de responsabilidades al hacer el llamado a organismos internacionales de DD.HH y anunciando la necesidad de mejorar las acciones de las fuerzas policiales. Sin embargo,  hubo fuego amigo, pues se filtra un audio donde el mismo director general de Carabineros, Mario Rozas, aleona a sus filas asegurando que “a nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial, aunque me obliguen, no lo voy a hacer… en la medida que estemos cohesionados y unidos nadie podrá hacernos daño”. De ahí en más, el accionar de agentes de Fuerzas Especiales toma otro tono en las calles, con las consecuencias por todos conocidas.

En la misma línea del INDH, el informe de Amnistía Internacional afirma que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiesta para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional,  recalcó que las autoridades en Chile, encabezadas por Sebastián Piñera, en vez de tomar medidas  para frenar esta grave crisis de derechos humanos “han sostenido su política de castigo durante más un mes, generando que aumente el número de víctimas”.

Amnistía Internacional establece, además, que la responsabilidad penal individual no termina con quien comete el delito y que la justicia también implica sancionar a aquellos mandos superiores que en conocimiento de los delitos, ordenan o toleran su comisión, apuntan al alto mando y también de forma directa a Sebastián Piñera, lo que suena coincidente con la lectura que realiza el abogado y ex diputado, Edgardo Riveros: “la autoridad que decreta estado de excepción, con efectos nocivos para los DD.HH, tiene obligación de hacerse cargo de ello, pues delegan las atribuciones pero no las responsabilidades… el decreto de estado de excepción es firmado por el Presidente de la República, ministro del Interior y el titular de Defensa”.

La reacción del Gobierno fue inmediata a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Ella sostuvo que Amnistía no solicitó información al gobierno por lo tanto no era legítimo establecer “que existe una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es el resguardo y protección de los derechos humanos”. Asimismo, la autoridad manifestó que se avanza en un proyecto de ley que busca modernizar a Carabineros “con especial énfasis en la formación del respeto y resguardo de los derechos humanos”.

Pasado solo cinco días del rechazo al informe de Amnistía Internacional, por parte del Gobierno de Chile, Human Rights Watch, señaló en su informe que en el país se han producido graves violaciones a los DD.HH en el contexto de las protestas sociales, en especial y en forma reiterada, por parte de Carabineros de Chile, coincidiendo con el foco que pone Amnistía Internacional en cuanto a uso excesivo de la fuerza y abusos en las detenciones.

Hay coincidencia sobre el uso indiscriminado e indebido de armas de fuego, lesiones causadas por los agentes, detenciones irregulares que se suman a maltratos, abusos sexuales y torturas durante estos procedimientos. La diferencia es que ponen el foco de la responsabilidad en el alto mando, eximiendo a las autoridades civiles.

La subsecretaria de DD.HH, en un tono muy distinto al que ocupó frente al informe de Amnistía Internacional, dice valorar el reporte “el que nos preocupa y recibimos con dolor pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual”.  A través de Recabarren, el gobierno se compromete a que los antecedentes se investiguen y se juzguen”. Ese mismo día, la directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, denuncia recibir un correo electrónico con amenazas de muerte que “dice que si sigo haciendo lo que estoy haciendo, puedo terminar en un ataúd”.

Por su parte el INDH al 30 de noviembre expuso que en todo el país existen 1174 heridos por perdigones, 52 por balines, 49 lesionados a balas, 1584 por armas de fuego y seis fallecidos, de estos cinco, serían tres por militares, uno por infantería y otro por carabineros. En resumen, el organismo ha presentado 580 querellas en los Tribunales de Justicia, en su mayoría son demandas criminales en contra de agentes del Estado.

Amnistía Internacional expone claramente que las consecuencias han sido funestas lo que se condice con la explicación del abogado Edgardo Riveros, al decir que no se debió haber decretado sin tener en consideración los efectos que pudiese tener tal decisión: “había que controlar y fiscalizar el accionar  específico de las personas, porque cuando se decreta un estado de emergencia y se coloca la zona bajo la conducción del jefe de las fuerzas armadas (FF.AA) y se sacan soldados a la calle hay que tener claro que ellos tienen una formación profesional distintos a los encargados del orden público”.

La Defensoría de la Niñez, en tanto, a voz de su directora Patricia Muñoz, informó en la Corte interamericana de Derechos Humanos que desde el 18 de octubre 43 niños, niñas y adolescentes han resultado heridos a bala, perdigones o sufrido maltrato físico por parte de efectivos de orden y seguridad.  Muñoz, agregó que “el Estado no brindó protección cuando lo necesitaron, porque quienes juraron protegerle, como policías y militares, finalmente lo que hicieron fue causarles daño”.

El organismo que vela por los niños, niñas y adolescentes  ha iniciado un trabajo coordinado con el INDH y la Defensoría Penal Pública para entregar apoyo a víctimas de apremios ilegítimos durante sus detenciones.  “Necesitamos que tengan acceso a la justicia y se realicen las investigaciones de rigor”, expresó a la prensa, Patricia Muñoz.

Las violaciones cometidas por Carabineros han sido la principal preocupación de los organismos encargados de velar por los DD.HH, en ese contexto es el informe de HRW el que recomienda una urgente reforma a la institución a través de cambios de protocolos que eviten el uso de la fuerza excesiva, debido a que “hirieron a miles de personas independientes si habían participado en hechos violentos o no”.