Por Paulina Daniela Ortega Betancour
El 2 de noviembre de 2013 se declaró el día internacional para para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración del secuestro y posterior asesinato de dos periodistas franceses a manos del grupo terrorista Al Qaeda. Esto, sumado a los 1.010 asesinatos a profesionales de la información producidos entre los años 2006 y 2012 en todo el mundo, de los cuales quedó sin resolver el 90% de los casos.
La fecha se proclamó con el objetivo de promover y fortalecer el compromiso internacional con la creación de un entorno seguro y favorable para el trabajo periodístico e implementar medidas definitivas para contrarrestar la impunidad de los crímenes.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a nivel mundial se registró entre los años 2006 y 2012 el asesinato de más de 1.000 periodistas, ocurridos mayormente en sus zonas de trabajo, como manifestaciones locales de la guerra, casos de corrupción o en actividades de grupos criminales.
En la mayoría de los casos la impunidad por los crímenes cometidos contra los periodistas continúa siendo la norma, ya que solo 1 de 10 casos llegan a los tribunales de justicia.
En los últimos años, entre 2012 y 2016, la UNESCO notificó un total de 530 asesinatos de periodistas (promedio de dos muertes por semana), de los cuales 166 periodistas corresponden a medios televisivos y 142 a prensa escrita.
En América Latina y el Caribe se registraron 125 muertes, en las que estuvo directamente involucrado el crimen organizado, al narcotráfico y la corrupción, esto según el informe de la UNESCO “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: 2017-2018”
Además de los ataques mortales, los periodistas sufren agresiones físicas, secuestros, desapariciones forzadas, encarcelamientos, torturas y acosos.
En 2019, según un informe de la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, en Chile se registraron “132 casos entre los que se presentan ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación durante el estallido social”, entre el 18 de octubre al 22 de noviembre de ese año, tras pretender informar sobre lo que sucedía en las manifestaciones a lo largo del país.
En Chile uno de los casos más recordados es el homicidio del periodista José Carrasco Tapia, asesinado por la Central Nacional de Informaciones (CNI), en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, como venganza por el atentado contra Augusto Pinochet. Hay que mencionar que Carrasco, integrante del MIR, esbozó como últimas palabras antes de ser sacado forzadamente de su domicilio “Soy periodista”.
Asimismo, los asesinatos y agresiones a periodistas no solo afectan al derecho a la vida de la persona, sino que al derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y el acceso a la información. Es por esto que se provoca un debilitamiento de la información y una forma de censura de la misma.