- En lo que va del año se han registrado 19 denuncias más que en 2017 por agresiones a profesores, con un total de 112 casos; un 60% de ellos son por parte de apoderados.
SANTIAGO. – El Gobierno otorgó el martes suma urgencia al proyecto de ley que busca mayor protección a los profesionales de la educación y la salud, aumentando en un grado la pena para los actos de violencia contra ellos.
Así lo dio a conocer el diputado que presentó la iniciativa, Mario Venegas Cárdenas, quien puntualizó que los profesores deben tener una protección similar a la que tienen otro tipo de autoridades, “como es el caso de jueces, carabineros o fiscales”. En este contexto, dijo que ellos reciben un trato especial y que con el proyecto de ley buscan “una protección similar para los profesores”.
Además, manifestó que este proyecto “no busca terminar con una gran cantidad de gente en la cárcel, sino que sea un mecanismo disuasivo para que no siga esta escalada de aumento en la violencia, que ha crecido estos últimos años de manera explosiva (…) Según nuestros datos, se han cuadriplicado las denuncias por lesiones, y eso es grave”.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Educación, en lo que va del año se han registrado 19 denuncias más que el 2017 por agresiones de adultos a docentes, con un total de 112 casos. La información recopilada hasta el tercer trimestre de este año por la institución indica que un 60% de las agresiones que sufren los profesores son efectuadas por apoderados.
Por su parte, el director nacional del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, planteó que el principal responsable de las agresiones de apoderados hacia los profesores es el sistema educacional. “Hay un sistema armado desde la competencia brutal, donde los colegios compiten entre sí y donde los alumnos son clientes. Hay una concepción alumno-cliente que es nefasta para la educación. Los padres son los que compran un servicio, lo que hace que se pierda la esencia de la educación”.
Por otro lado, hizo un llamado a diferenciar las agresiones por parte de apoderados y alumnos. “Un adulto es una persona más consciente, que tiene discernimiento, una persona madura que puede controlar sus emociones. Por lo tanto, todo acto de violencia que hace es meditado e intencionado, entonces, debe tener un castigo; los adolescentes adolecen de la capacidad de no perder los estribos, no los vamos a comparar con un adulto”, precisó Gerter.
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados esperando ser aprobada.
