Claudia Calquin Donoso, doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos, académica Usach
El esperado anuncio del Presidente Sebastián Piñera, lejos de constituirse como una agenda social que apunte a la construcción de un país de bienestar, acorde a los principios de cohesión, solidaridad, igualdad y universalidad, trata más bien de repetidas fórmulas neoliberales que se vienen implementando hace más de 30 años y que reducen la acción del Estado a uno subsidiario de los mercados de la salud y bienestar social, focalizado en la pobreza extrema y la neutralización del conflicto, en que temas estructurales como el trabajo y la desigualdad se mantienen intactos.
Por ejemplo, el anuncio sobre el aumento de un 20% de la pensión básica solidaria, sin modificar en un ápice el sistema de jubilación, basado en el ahorro individual y la especulación financiera, es un mecanismo de financiamiento estatal indirecto a las AFP. Lo mismo sucede con el seguro de salud de enfermedades catastróficas, impulsada por el gobierno hace meses, que no es otra cosa que una medida de financiamiento indirecto a las clínicas privadas y que viene a fortalecer ese financiamiento provocado por el sistema GES. Asimismo, la ampliación del convenio de Fonasa con las farmacias, para buscar reducir el precio de los medicamentos, supone también un financiamiento a las farmacéuticas, porque se sigue planteando el subsidio como solución a los altos costos de los remedios y obvia cualquier tipo de discusión acerca de la pertinencia y necesidad de una regulación estatal a los precios de los fármacos y las millonarias ganancias de esa industria. Tal como apunta la OMS, para la construcción de un sistema de salud pública de calidad y justo se debe atender su desmercantilización, lo que supone, entre otras cuestiones, una regulación del mercado de fármacos, cuyo crecimiento es en sí mismo perverso, pues depende del aumento de diagnósticos, de la medicalización y farmacologización de la población chilena en todas las etapas del ciclo vital.
Este paquete de medidas sigue sosteniéndose en la Economía Política de la Pobreza, creada en la década de los ’90 por los organismos bancarios internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de la focalización, estrategia que reduce el accionar del Estado a medidas individuales de superación de pobreza. Para acceder a estos beneficios sociales hay que demostrar la condición de pobre. En el caso de las pensiones, por ejemplo, sitúa al ciudadano como merecedor de ayuda estatal recibiendo la pensión mínima solidaria. Si bien, esta forma de selección por puntaje de pobreza ha sido instalada por los economistas de todos los colores como una técnica objetiva e inofensiva de optimización de recursos, ha sido fuertemente cuestionada por ser una gestión de pobreza basada en criterios de ahorro de gasto fiscal y, además, porque no modifica las causas del problema. Es una estrategia de estabilización social que permite la expansión y acumulación del capital, reduciendo los derechos sociales y ampliando la asistencia social en un mundo cada vez más desigual, polarizado y donde la condición de ciudadanía se restringe a unos pocos.
Por otro lado, el afán de estratificar los derechos, creando beneficios para pobres y otros para la clase media, revela la estructura de clases que todavía subsiste en el Estado chileno, estratificación que lejos de ser cuestionada ha sido usada como medida populista por el gobierno y los medios de comunicación. Esto ha creado una percepción de que las clases sociales son posiciones naturales o que obedecen al esfuerzo personal, que los pobres son representados como sujetos flojos y dependientes del Estado y que, en situaciones de explosión social, como la actual, devienen vándalos y saqueadores de los bienes de una clase media civilizada, esforzada y emprendedora.
Estos beneficios especiales para una supuesta clase media, revelan formas de diferenciación sin ninguna base objetiva, pues según los propios sistemas de medición de la pobreza estatal, más del 50% del país gana en promedio $400.000 y según la OCDE el 52,65% de los chilenos está dentro de la categoría vulnerable, sin considerar que estas cifras aumentan mucho más cuando incorporamos sistemas de medición más complejos, como el de la pobreza multidimensional. Así, la invención mediática de la clase media es un mecanismo ideológico para la desmovilización, la fragmentación social y la mercantilización del bienestar, en la medida en que este grupo es el conminado, incentivado e inclusive subsidiado para comprar ese bienestar en el mercado, asegurando, de este modo, la ampliación y reproducción del mismo.
Llama la atención que, esta agenda y tanto sus respuestas a favor o en contra, poco han discutido acerca de qué hablamos cuando hablamos de lo social y, por lo tanto, qué tipo de Estado queremos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, o inclusive hacia un Estado social. Hay que reconocer que 40 años de neoliberalismo y políticas focalizadas han sido efectivas en producir una visión aceptada y naturalizada de lo social, que se reduce al acceso de ciertos beneficios individuales, pero que claramente ha sido un retroceso histórico en derechos sociales y su acceso universal, conquistados por la clase trabajadora durante los siglos XIX y XX, que se ven reducidos a medidas filantrópicas y “ayuda a los más necesitados”, o lo que en el lenguaje tecnocrático actual equivale decir al 40% más vulnerable del país; ocultando que se trata de paquetes básicos, que pretenden asegurar cierto nivel de vida mínimo, cercano a la línea divisoria entre la vida y la muerte.
Así es como estas medidas se conciben, desvinculadas de las modificaciones a las estructuras del trabajo y desigualdad social, desvinculadas de modificaciones que atiendan a la forma inmoral de producción y distribución de riquezas, desvinculadas de los grandes temas estructurales que hoy día los chilenos han decidido discutir. El gesto escandaloso de este anuncio ha sido deslindar el mundo de «lo social y la pobreza» del «mundo del trabajo», como si la población pobre de nuestro país fuera una población que está fuera del trabajo asalariado. Este anuncio se ofrece como una solución oportunista, como una forma de neutralizar el conflicto y asegurar la gobernabilidad en medio de la negativa de un grupo de parlamentarios de RN para discutir el proyecto de ley de las 40 horas, aplazado hasta nuevo aviso.
Parafraseando al historiador Pierre Ronsavallon, al señor Piñera se le olvida que los hombres y mujeres de este país no hemos luchado por décadas para recibir subsidios y beneficios de un Estado empresarial. Se le olvida que hemos luchado para vivir dignamente de nuestros salarios, por medio de derechos sociales universales garantizados y no con medidas que permitan asegurar socialmente las reformas neoliberales impulsadas a partir de la dictadura. Y por supuesto, también hemos luchado por un sistema político deliberativo, no basado en consensos de una élite política arrogante y añeja, donde las minorías mayoritarias seguimos organizándonos contra estas políticas mal llamadas sociales, que solo profundizan los procesos de debilitamiento de la ciudadanía.
